En los últimos días, el sector de la investigación de opinión pública en Colombia ha estado en el centro de la conversación. La decisión de GAD3, una firma internacional con amplia trayectoria, de suspender la publicación de encuestas electorales en el país, ha encendido una alerta que vale la pena analizar con calma.
El impacto de la regulación en las encuestas electorales en Colombia
Hablo desde mi rol como gerente de Analizar, una empresa dedicada a la investigación de mercados, donde uno de nuestros pilares es precisamente la medición de opinión pública y estudios electorales, además de investigaciones para el sector privado en productos, servicios e innovación. Es decir, este no es un tema lejano: es el corazón de lo que hacemos.
Más allá de una firma puntual, lo que está sobre la mesa es una pregunta de fondo: ¿hacia dónde está yendo la regulación de las encuestas en Colombia?
La intención de una normativa en este campo debería ser clara: garantizar rigor, transparencia y confianza. En eso, todos estamos de acuerdo. Pero cuando la aplicación de esa norma empieza a dificultar —o incluso a hacer inviable— la medición, vale la pena preguntarse si estamos logrando el objetivo o alejándonos de él.
Desafíos metodológicos en la investigación de mercados actual
Uno de los puntos que más inquietud genera es la exigencia metodológica que, en la práctica, resulta muy difícil de cumplir en investigaciones con personas reales, en contextos reales. La teoría estadística es fundamental, pero la investigación social también requiere adaptarse a las condiciones del terreno.
Y ahí aparece otro elemento clave: el cambio en las formas de medir. Hoy, la realidad es que gran parte de la población está conectada a través de teléfonos móviles y entornos digitales. Las metodologías han evolucionado para responder a ese contexto: encuestas telefónicas, online y modelos mixtos son prácticas comunes y validadas en buena parte del mundo.
Sin embargo, la discusión actual parece dejar poco espacio para estas alternativas, lo que abre una reflexión importante: ¿estamos actualizando la regulación al ritmo de la sociedad, o estamos intentando medir el presente con herramientas del pasado?
Más allá del debate técnico, hay una dimensión que no se puede ignorar: el acceso a la información.
Las encuestas, bien hechas, son una de las formas más estructuradas de entender qué está pensando la ciudadanía. Son una herramienta para los medios, para los analistas, para los tomadores de decisiones y, sobre todo, para los propios ciudadanos.
Por eso surge una inquietud legítima: si se limita o se dificulta la publicación de encuestas, ¿qué pasa con ese flujo de información? ¿Se está ordenando el sistema o, sin querer, se está reduciendo la posibilidad de escuchar a la sociedad?
También aparece otra pregunta incómoda pero necesaria: si medir se vuelve cada vez más complejo para las firmas especializadas, ¿quién termina teniendo la capacidad de hacerlo? ¿Se concentra la medición en unos pocos actores con mayor poder económico o institucional?
Regular encuestas en Colombia: el reto entre control y transparencia
No se trata de abrir la puerta a cualquier información sin control. Todo lo contrario. La discusión no debería ser si se regula o no, sino cómo se regula.
Tal vez el camino no está en restringir la medición, sino en fortalecer la transparencia: exigir claridad en las metodologías, en las fuentes, en los márgenes de error, en quién financia los estudios. Darle al ciudadano más herramientas para interpretar la información, no menos acceso a ella.
Regular mejor no debería significar medir menos.
Porque al final, más allá de las empresas del sector, lo que está en juego es algo mucho más amplio: la posibilidad de contar con información diversa, contrastada y útil para entender el país.
Y en una democracia, escuchar lo que piensa la gente nunca debería ser un problema.
